La Carta de Intención

octubre 30, 2005

¿Cuál es la misteriosa determinación que impulsa a las principales autoridades peruanas a contratar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo Stand by? No es la motivación una apremiante urgencia financiera pues el arreglo no proporciona recursos al Fisco sino al Banco Central y esta institución no necesita, en las circunstancias actuales, liquidez adicional. Tampoco resulta plausible la justificación alternativa que afirma que este arreglo financiero posee una gran utilidad pues le permitirá al Perú defenderse contra los peligrosos riesgos de la inestable coyuntura internacional. La suma contratada es demasiado reducida para ser de de utilidad a este respecto. ¿Necesita, acaso, el Banco Central más reservas internacionales? ¿Tan negro es el futuro curso del porvenir que nuestras afligidas autoridades después de contemplar el apocalíptico panorama han comenzado a tomar en serio la posibilidad de que podamos perder todos nuestros activos internacionales? Como pienso que nuestras autoridades económicas son personas sensatas y, por esta razón, poco propensas a ejercicios tan desenfrenados, me inclino a pensar que tampoco esta posibilidad explica la potente motivación que lleva a la firma de una nueva carta de intención

¿Qué explica, pues, la firma de este memorando de entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y los representantes del gobierno peruano? ¿Cuál es en realidad la función de este destacado documento? Parece que se trata de una conveniencia interna, es decir, de un vehículo que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central encuentran útil para contener los ocasionales desenfrenos de nuestra representación nacional y de otras esferas del poder ejecutivo. Aunque cuestionar la política económica siempre resulta un ejercicio difícil, lo es más si las propuestas económicas del Ministerio de Economía y Finanzas se incluyen en la Carta de Intención. Por esta razón, resulta útil leer con atención este documento ya que varias de sus cláusulas pueden decirnos mucho sobre las preocupaciones e intenciones de nuestras autoridades económicas. Contiene, en efecto, la carta de Intención importante información que podemos destacar.

Podemos empezar porque es la primera vez que se incluye un compromiso de esta naturaleza por el quinto artículo de la Carta de Intención. En él, el gobierno peruano se compromete a preservar el marco institucional sobre el que se basa la autonomía del Banco Central y, dentro de sus competencias institucionales, a que no prosperen modificaciones de su ley Orgánica que pudieran debilitar dicha autonomía. También el Banco Central expresa en este artículo sus compromiso con es esquema de metas de inflación, y a un objetivo de inflación de 2,5 por ciento anual, con una banda de mas o menos 1 punto porcentual. La intervención en el mercado cambiario se limitará a suavizar la excesiva volatilidad del tipo de cambio y el sistema de pagos de la ALADI sólo deberá ser utilizado para las operaciones de Corto plazo,

Si bien los compromisos asumidos en cuestiones de política monetaria no constituyen ninguna novedad, resulta bastante interesante este nuevo compromiso que busca preservar la autonomía del Banco Central. ¿Percibe el directorio del Banco Central algún desarrollo que atente contra su autonomía? Pace que efectivamente este es el caso. Ya, el año pasado, en algunas comisiones del congreso se discutieron varias propuestas legislativas para modificar la composición del directorio. En el momento actual, varios congresistas discuten otra propuesta legislativa que pretende transferir a la Superintendencia de Bancos importantes atribuciones del Banco Central. ¿Son, acaso, estos nuevos desarreglos de algunos de nuestros parlamentarios la real motivación que explica su súbita aparición en la Carta de Intención?

No sólo se limita este memorando de entendimiento a cuestiones que tienen que ver con la política monetaria ya que también el Ministerio de económica asume en el documento importantes compromisos. Hay, en efecto, en la Carta, incluida una interesante iniciativa legislativa que busca reforzar el marco institucional y jurídico que gobierna la política fiscal. Entre las principales acciones de política se incluye: (1) Una nueva Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que busca reforzar los procedimientos de cumplimiento m seguimiento , y transparencia contenidos en la ley anterior; (2) Ley de Endeudamiento Público que establecería límites anuales para el endeudamiento t para los pasivos contingentes contraídos en las concesiones; (3) El Ministerio se compromete a elaborar una base de datos de los activos y proyectos de inversión del sector público y a fortalecer el sistema de gestión y transparencia presupuestaria , y , finalmente , (5) a otorgar una mayor prioridad a la inversión pública reforzando sus labores de seguimiento, evaluación posterior y análisis previo de los distintos proyectos.

El arreglo con el Fondo Monetario Internacional incluye también compromisos cuantitativos en política fiscal. Para este año establece como meta de política fiscal una disminución del déficit del sector público a uno por ciento del PBI. Se espera que los tributarios se mantengan en 13,5 por ciento porcentuales del PBI, eliminar los pagos del Anticipo Adicional del Impuesto a la renta, el impuesto extraordinario de la solidaridad y reducir la tasa de impuesto selectivo a los combustibles. Planea el MEF cancelar estas pérdidas en tributos con un impuesto temporal a los activos netos, la mejora en la administración tributaria y el aumento en la recaudación en el impuesto a la renta.

Finalmente, existe la expresa intención para fomentar una mayor eficiencia en la intermediación financiera mediante el desarrollo del mercado doméstico de capitales. Se contemplan medidas para profundizar el mercado de títulos valores y fomentar una competencia adicional entre las administradoras privadas de fondos de pensiones. Por ejemplo, en el mes de noviembre, entrará en operación un sistema que le permita a estas instituciones ofrecer carteras de inversión con diferentes características en materia de retorno y riesgo. Asimismo, la SBS desarrollará una nueva metodología para asignar precios a los activos financieros no transados y se alentará a las administradoras a limitar sus riesgos de mercado. La competencia entre estas entidades se fomentará ampliando la banda permitida en torno a la tasa de retorno requerida y con la entrada al mercado en el mes de julio de una quinta AFP.


[1] Publicado en el diario Correo, Junio 2005

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: